Contraloría Social y Eficacia de la Administración Pública

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Por: Estudios Políticos FUSADES.

La contraloría social y la rendición de cuentas son mecanismos que fortalecen la democracia representativa. Estas herramientas permiten que la ciudadanía tome un rol activo en la auditoría de quienes tienen a su cargo la administración pública, cuestionando y exigiendo el cumplimiento de compromisos. Además, impulsan un involucramiento ciudadano en la cosa pública mediante un control sobre los partidos políticos y los gobernantes de turno.

Los ejercicios de rendición de cuentas son un primer paso para propiciar el contacto de la población con las autoridades. Sin embargo, más allá de ser meros actos de presentación de resultados, deberían ser espacios de intercambio en donde se tenga la oportunidad de cuestionar el rumbo de la administración, ya sea a nivel nacional o local, y puedan ejercer una fiscalización sobre asuntos de interés público.

ContralorriaSocialLa contraloría social permite no solo verificar la actuación del Gobierno, también abre un espacio para reclamar el uso correcto de los recursos públicos. El monitoreo y la evaluación de las promesas de campaña se vuelve sumamente importante en términos de la eficacia de la gestión. La prestación eficiente de servicios y la ejecución de políticas públicas consensuadas y basadas en evidencia, deriva en un gobierno estable y con un apoyo legítimo de la población. Por tanto, el respaldo del electorado a determinado proyecto político se alimenta de un seguimiento continuo sobre el cumplimiento o no de la oferta electoral plasmada en el principal instrumento de control ciudadano, el plan de gobierno.

Este último se concibe como un documento técnico que debería responder por lo menos a cuatro preguntas: ¿Cuál es el rumbo del país? ¿Qué hará el gobierno para cumplir con ese rumbo? ¿Cuáles son los medios para ejecutar el plan de gobierno? y ¿Cómo se monitorea y evalúa la ejecución y los resultados? Las respuestas a estas interrogantes plantean una estructura lógica de la hoja de ruta que una administración debe imprimir a su gestión gubernamental. La conceptualización del ideario del plan contiene las bases filosóficas y los principios que sostienen el resto del documento; la descripción clara de las líneas de acción reflejan las prioridades a ejecutar; la identificación de recursos incluye la responsabilidad económica en la ejecución de las metas; y la incorporación de indicadores claros y medibles permite evaluar el cumplimiento de aquellas.

El primero de junio de 2019 iniciará un nuevo quinquenio presidencial. Quien llegue al Ejecutivo encontrará serios déficits en la gestión de la administración pública. Persisten los problemas económicos y de seguridad, fracasó la atracción de inversión extranjera directa, grandes obras de infraestructura no fueron completadas, hubo una insuficiente construcción de vivienda social y sectores como el de educación no fueron abordados de manera integral. En términos de eficacia de la administración pública existen deudas importantes que saldar.

En los últimos 10 años El Salvador no alcanzó el crecimiento económico esperado. Se registraron tasas de crecimiento que no sobrepasaron el 3% y no se creó la cantidad de empleos necesarios para suplir la demanda, lo que condenó al subempleo, a la informalidad, a la migración o a la delincuencia a miles de salvadoreños. Además los principales índices de inversión y el clima de negocios experimentaron un deterioro constante. Los empresarios, y la ciudadanía en general, siguen enfrentándose a la inseguridad pública, en especial a las extorsiones, como el principal factor que desincentiva la inversión; la población continúa pagando los altos costos que implica el estado de criminalidad que prevalece en el país. Si bien han disminuido los homicidios, las autoridades no han sido capaces de controlar la ola delincuencial a través de políticas con una visión integral del problema.

Respecto a las principales obras de infraestructura no se cumplieron los tiempos pactados. Los atrasos e imprecisiones fueron la constante durante este período. La falta de concesión del puerto de La Unión y el interminable proceso de construcción de la presa hidroeléctrica El Chaparral son dos ejemplos claros de ineficacia. La conclusión de ambos proyectos seguramente habría impulsado el crecimiento económico y la generación de empleos

La educación se concentró en la entrega de paquetes escolares. Esta priorización del gasto educativo relegó temas importantes como la estrategia de inversión en infraestructura escolar, el enfoque en educación parvularia, la modernización del magisterio y en general la falta de un debate en relación al necesario aumento de la calidad de la educación que reciben los estudiantes.

En el sector salud aún se mantienen deficiencias en la gestión. Los señalamientos respecto al desabastecimiento de medicamentos fueron la constante, siendo éste un factor clave en la calidad y atención eficiente a los pacientes.

Los programas sociales se han visto debilitados. Las dificultades financieras y la ineficacia administrativa han reducido la cobertura de los mismos. Los programas implementados son de corte asistencialista y este enfoque sin oportunidades de empleo limita su impacto en la mejora de la calidad de vida.

En los próximos cinco años deben retomarse los proyectos estratégicos para el país, completar los esfuerzos para dinamizar la economía y contar con una visión de país en la que se definan prioridades, que se identifiquen con claridad las fuentes de financiamiento, que se especifique a los responsables de su ejecución, que se establezcan tiempos, y que el avance pueda ser monitoreado con base en indicadores claros y medibles.

Desde su constitución en 1983 FUSADES ha medido la eficacia de la administración pública, a través del registro de los avances cuantitativos de las principales promesas y metas de gobierno. En 2010 el Departamento de Estudios Políticos publicó la primera edición del documento “El Salvador. Año Político” que contiene una apreciación del gobierno de turno; en 2014 se agregó la relación de los hechos políticos más relevantes del año, todo con el propósito de facilitar a los ciudadanos la contraloría de las acciones gubernamentales en áreas estratégicas como la inversión pública y las grandes obras de infraestructura, el clima de inversión, algunos de los programas sociales, la educación, la salud y la agricultura. FUSADES de cara al nuevo quinquenio, y tal como lo ha venido haciendo, ejercerá su rol de auditoría social, lo que no solo implica un monitoreo del cumplimiento del plan de gobierno, sino también un compromiso de continuar aportando de manera positiva al desarrollo del país.

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