Fiscalización del Financiamiento Político: La Reforma Pendiente

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Por: Estudios Políticos FUSADES.

La relación dinero y política, así como los riesgos derivados de algunas fuentes de financiamiento, afectan la calidad de la democracia, la calidad de la representación y la competitividad de los procesos electorales. En este sentido la fiscalización del financiamiento político es una tarea clave para garantizar la celebración de procesos electorales transparentes y equitativos, así como para facilitar la modernización y fortalecimiento de los partidos políticos. Sin embargo, la legislación actual mantiene vacíos importantes que socavan la capacidad de la autoridad electoral para aplicar mecanismos de control independientes y efectivos.

5ae3f672a6437El sistema de control de financiamiento político contempla el otorgamiento de recursos públicos a los partidos políticos y la posibilidad que éstos reciban donaciones privadas bajo ciertos parámetros. La entrega de recursos públicos se conoce como deuda política; es un mecanismo que permite consolidar la presencia de partidos como actores centrales de la política, en concordancia con el mandato constitucional. Asimismo tiene la función de nivelar la competencia electoral, haciendo más equitativas las oportunidades de los participantes y favorece la transparencia y la rendición de cuentas al establecer mecanismos institucionales para la financiación de la actividad política.

La erogación de fondos públicos en concepto de deuda política, para las jornadas electorales entre 1994 y 2019, asciende a $135,330,110 (Cuadro 1). La entrega de recursos estatales a los partidos políticos debe estar sujeta a la fiscalización, con el objetivo de garantizar que este tipo de financiamiento cumpla con el objetivo establecido en la Constitución de la República.

cuadro1*Monto proyectado a partir del valor del voto correspondiente a 2014. No se consideran el Partido Salvadoreño Progresista6 ni la Fraternidad Patriota Salvadoreña.

Es importante mencionar que el Ministerio de Hacienda aún no cuenta con in­formación actualizada sobre la certificación de votos válidos obtenidos por cada partido en la elección anterior, emitida por el TSE, ni con el monto de la inflación acumulada, certificada por el Banco Central de Reserva (BCR), datos que de acuerdo a la LPP son necesarios para establecer el monto en concepto de deuda política. Estas deficiencias de información plantean desafíos para la estimación precisa de los anticipos que son otorgados a los partidos en contienda, no obstante, el MH todavía no reporta solicitudes de esta naturaleza.

Donantes-partidos-politicos-2La regulación del financiamiento político en El Salvador ha sido parte del proceso de transformación del sistema electoral. En 2014 la Sala de lo Constitucional (SCN), mediante la sentencia de inconstitucionalidad 43-2013, abordó la necesidad de fiscalización del financiamiento y ordenó a la Asamblea Legislativa realizar reformas a la Ley de Partidos Políticos para regular el origen y destino de los fondos con que los institutos políticos y sus candidatos financian su funcionamiento ordinario y sus campañas electorales, así como la identidad de los donantes. Ante el persistente incumplimiento de los legisladores para efectuar los cambios mencionados en la jurisprudencia, la SCN emitió una sentencia de seguimiento en la que condicionó el desembolso del financiamiento público que reciben los partidos políticos a la entrega de la información relativa al origen y destino de los fondos con que financiaron sus campañas electorales de los años 2014 y 2015.

Los partidos políticos requieren recursos económicos para llevar a cabo sus funciones y el otorgamiento de financiamiento público es un mecanismo de control de la transparencia en la procedencia del mismo. Si bien, existen algunos avances en materia de fiscalización y entrega de la información aún es necesario efectuar las reformas legales para dar cumplimiento pleno al mandato derivado de la inconstitucionalidad 43-2013 y mejorar la efectividad de la vigilancia del cumplimiento de las disposiciones legales antes de otorgar la deuda política, así como para asegurar el respeto a los procesos y a la jurisprudencia aplicable.

portada opcion 2Las funciones correspondientes al TSE en esta materia tienen que contar con el respaldo técnico y financiero, que garantice el desempeño de las actividades de fiscalización y sanción, en caso que aplique, de forma íntegra y oportuna. De igual forma es necesario mejorar la capacidad para la coordinación interinstitucional entre el TSE, el Ministerio de Hacienda y la Fiscalía General de la República, a manera de facilitar el cruce de información y la verificación de registros, lo cual permitiría una identificación más ágil y precisa de irregularidades y posibles prácticas contrarias a la ley.

Por otra parte es necesaria la revisión de la eficacia de las sanciones. Actualmente los montos de las multas aplicables a los partidos, por incumplimiento de las obligaciones de información que se encuentran establecidas en la LPP, no son disuasivas de las malas prácticas, favoreciendo así la opacidad debido a la baja cuantía de las mismas. Prueba de lo anterior es que las sanciones impuestas por el TSE en este concepto para los ejercicios electorales de 2014 y 2015, totalizan $96,348.60 (Cuadro 2). Mientras que para el ejercicio 2016, el TSE anunció que iniciará los procesos de prevención y sanción para seis partidos políticos a raíz del incumplimiento de sus obligaciones de información.

cuadro 2El rol del TSE en materia de fiscalización del financiamiento político no puede limitarse al registro de la documentación presentada por los partidos, es necesario mejorar las capacidades institucionales para la auditoría de los datos y el procesamiento de los mismos. El análisis de los datos debe orientarse a la toma de decisiones, tanto de los ciudadanos, a través de la publicación de la información, como de las autoridades involucradas en los procesos de investigación y sanción frente a posibles violaciones a la ley.

De cara a las elecciones presidenciales de 2019 es necesario que el TSE vigile con mayor precisión el origen y el destino del financiamiento de los partidos. El fin último de estas auditorías es evitar la entrada de dinero ilícito a las campañas y el de prevenir actos de corrupción ante donantes privados que podrían resultar favorecidos, de manera irregular, por parte del candidato ganador como “retribución” de las donaciones recibidas durante la campaña.

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