Riesgos en Elecciones de Segundo Grado de Funcionarios

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Por: Estudios Legales FUSADES.

Durante la cuarta semana de este mes se cumplirán 100 días de acefalía en la Sala de lo Constitucional, al no poder integrarse por el retraso de la Asamblea Legislativa en la elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), a pesar de que el proceso inició con la suficiente antelación, en octubre de 2017, con la publicación del listado de abogados elegibles que hizo el Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ). El retraso tiene un impacto directo en la población, puesto que está indefensa ante cualquier violación a sus derechos constitucionales, ya que al estar incompleta la Sala de lo Constitucional, el Estado está desprovisto de control de constitucionalidad.

IMG_6805 (Copy)La falta de la Sala de lo Constitucional también genera otro tipo de problemas, como es el caso del veto por inconstitucionalidad que el presidente de la República realizó a las reformas a la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, el cual, luego de ser superado, fue enviado a la Sala, sin que esta pueda pronunciarse en última instancia sobre el nivel de autonomía constitucionalmente permitido a la Unidad de Inteligencia Financiera de la Fiscalía General de la República.

Por otra parte, el 11 de octubre de este año, el Pleno de la Asamblea Legislativa aprobó la solicitud de la Comisión Política de abrir la convocatoria para recibir postulaciones de los interesados en someterse al proceso para elegir al Fiscal General de la República (FGR), ya que el plazo del Fiscal actual concluye el 5 de enero de 2019. En virtud de lo anterior, la Asamblea Legislativa debe elegir ahora a los 5 magistrados desde el 1 de julio de este año, así como al nuevo Fiscal General de República 2019-2022.

Análisis:

 En los últimos años, el atraso en las elecciones de segundo grado parece haberse convertido en la norma, debido esencialmente a la dificultad para lograr consensos entre los partidos políticos representados en la Asamblea Legislativa, quienes en lugar de enfocarse en los méritos de los candidatos, convierten las discusiones en un reparto de los cargos de elección indirecta. Con algunos matices propios de cada cargo, en la mayoría de los casos a los que se refiere el ordinal 19 del art. 131 Cn., existe la obligación de la Asamblea Legislativa de comprobar la existencia de una serie de requisitos y de seleccionar a las mejores personas en función de su obligación de integrar las instituciones públicas con personas íntegras y competentes, que cumplan con el perfil para el cargo.

Sin embargo, en el caso de la actual elección de los magistrados de la CSJ, las discusiones que han trascendido a través de la cobertura de prensa o de la transmisión de las discusiones de la Comisión Política que hace la misma Asamblea Legislativa, demuestran que la atención de los diputados no está enfocada en evaluar las competencias técnicas de los aspirantes a la CSJ, sus años de experiencia, sus credenciales académicas, ni sus méritos. Lo único que se ha presenciado en la Comisión Política desde los primeros días de julio del año en curso, han sido intercambios de listas propuestas por uno u otro partido político.

Esta forma de proceder contradice los principios constitucionales alrededor de los cuales deberían organizarse las elecciones indirectas o de segundo grado, ya que la potestad otorgada a la Asamblea Legislativa está limitada, por una parte, por la obligación de elegir a las mejores personas para el cargo y, por otra, por la obligación de elegirlas a tiempo. Estas obligaciones han sido consignadas en abundante jurisprudencia de la Sala de lo Constitucional –en particular las sentencias citadas al inicio de esta Posición Institucional– en la que se han ido desarrollando los elementos que deben regir el proceso, como la transparencia y la publicidad, así como requisitos propios de cada uno de los cargos, como pueden ser la CSJ, la Corte de Cuentas, el CNJ, el Tribunal Supremo Electoral y el FGR.

 No obstante ello, a pesar de acumular más de 3 meses de atraso, en la actual elección de los magistrados de la CSJ, la Comisión Política no ha analizado apropiadamente los méritos de cada uno de los 30 candidatos, ni ha elaborado un baremo o una tabla de evaluación para consignar los resultados del proceso de evaluación al que debe someterlos, a pesar de existir varios ejercicios de este tipo realizados por organizaciones de la sociedad civil y por el diputado no partidario, que podrían haber servido de base para que la Comisión Política elaborara su propio baremo. Por otra parte, en la Asamblea Legislativa también se ha observado una serie de prácticas dirigidas a dilatar todavía más la elección, como la organización de foros para consultar aspectos que ya están claramente resueltos en la jurisprudencia. Mientras los diputados siguen dilatando el proceso, los casos se siguen acumulando en la Sala de lo Constitucional y la cantidad de ciudadanos sin acceso a la justicia constitucional sigue incrementando.

Este mal modo de proceder se debe, en gran parte, a la falta de voluntad de los diputados de la Asamblea Legislativa para realizar una elección transparente, motivada y basada en méritos, pero también por falta de una regulación lo suficientemente detallada en el Reglamento Interior de la Asamblea Legislativa (RIAL) en materia de elecciones de segundo grado, por lo que para los procesos que deberán iniciar próximamente, la Asamblea Legislativa debería retomar las reformas al RIAL que presentó el Consorcio por la Transparencia y Lucha contra la Corrupción en los primeros meses de 2018, para establecer con más detalle los procedimientos, plazos y baremos a implementar.

justiciaHay grandes retos en las elecciones indirectas de funcionarios que le corresponde realizar a los diputados de la Asamblea Legislativa, porque a pesar de existir abundante jurisprudencia que señala exactamente los estándares que deben observarse, los diputados se resisten a cumplirla a cabalidad, con lo que se incrementan los riesgos de que se hagan elecciones de funcionarios que no sean idóneos y bajo criterios políticos partidistas. Por otra parte, también estamos presenciando los problemas que surgen cuando se juntan varias elecciones de segundo grado de funcionarios, como está sucediendo actualmente con la elección de magistrados de la CSJ y del Fiscal General de la República, porque se incrementa el riesgo de que la elección se politice y que el elemento dominante sea el reparto partidario.

Conclusiones y recomendaciones:

  • La acefalía en la Sala de lo Constitucional causa enormes perjuicios en la población, por lo que debe elegirse cuanto antes a los magistrados de la CSJ, cuya elección está pendiente desde el 16 de julio de 2018, pero con base en una evaluación objetiva de los méritos de los candidatos que contribuya a elegir a las personas idóneas para el cargo.
  • Los cargos de elección indirecta, como los magistrados de la CSJ y el FGR, no deben usarse como “carta de negociación” política, sino que deben elegirse con base en méritos.
  • Deben aprobarse las reformas al RIAL que contribuyan a mejorar los procesos de elecciones de segundo grado, a fin de que se puedan aplicar para el del Fiscal General de la República.
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